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viernes, 26 de julio de 2019

Inconformes vecinos de Ixcaquixtla con presunto ladrón


Boletín de Prensa

Ixcaquixtla, Puebla. A raíz de la detención de Joaquín Díaz González alias “El Jarocho”, por una riña en la vía pública con un ciudadano que le reclamaba objetos robados, varios ciudadanos de Ixcaquixtla empezaron a reunirse en las afueras de la presidencia municipal para solicitar al alcalde Salvador Castañeda Luna, que se “hiciera justicia” ya que manifestaron que ya están "hartos de que ese individuo ande metiéndose a robar a los domicilios” y que son más de 20 víctimas de “El Jarocho”, a quien no han denunciado por temor.

El presidente antorchista, a fin de garantizar el estado de derecho y la más amplia protección legal de los habitantes del municipio que representa, solicitó la intervención del delegado de gobernación de Tehuacán Hugo Minne, con la finalidad de orientar a los quejosos en relación al procedimiento legal que tienen que seguir en la fiscalía para que se pueda aplicar el peso de la ley en contra de Joaquín Díaz González alias “El Jarocho”.

El hecho por el que fue detenido Joaquín Díaz González por la policía municipal, detonó la inconformidad de los vecinos de Ixcaquixtla quienes acudieron al lugar con la intención de atentar contra la vida de "el jarocho" al querer agredirlo; por lo que la autoridad tomó la decisión de aplicar el protocolo de intento de linchamiento y lo remitió a una cárcel de mayor seguridad en el municipio vecino de San Vicente Coyotepec. 

El cambio de lugar motivó a familiares y/o cómplices del detenido a acusar a la autoridad municipal ante la Comisión de Derechos Humanos de desaparición forzada y el Poder Judicial le otorgó un amparo.

Sin embargo, al cumplirse el término de su sanción administrativa, se le dejó en libertad, dado que no hay ninguna carpeta de investigación integrada para ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Como resultado de la reunión de los afectados y víctimas de el Jarocho, el presidente municipal pidió al delegado de gobernación orientar a la población afectada para entablar un proceso legal conforme a derecho ya que no es competencia de la autoridad municipal iniciar el procedimiento judicial.

Algunos de los afectados manifestaron que habían intentado denunciarlo pero que han desconfiado de la procuración de justicia, porque el mismo Jarocho hace alarde de que tiene amistades que lo protegen.